En su comunicado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó el acto como un “crimen de lesa humanidad” en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Almagro resaltó que la detención de Gallo constituye una violación grave de normas internacionales, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, debido a que fue incomunicado y privado de asistencia consular y legal. Aseguró que estos hechos son evidencia de la “violación sistemática de los derechos humanos fundamentales” por parte del régimen venezolano.

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La OEA exigió al gobierno de Venezuela que cumpla con los tratados internacionales sobre derechos humanos, garantice la seguridad de Gallo, le proporcione asistencia legal y contacto con su familia, y que lo libere de manera inmediata.