El suboficial de la División Antifraude de la fuerza de seguridad y su compañero intentaron robar el 31 de octubre la financiera Reuter Group, situada en la calle Pellegrini 529 de San Pedro.

Ambos sujetos, vestidos con camperas y gorras de la PFA, interceptaron a un hombre para ser testigo de un procedimiento que tenía que formalizar en un local.

Los tres protagonistas concurrieron a un auto blanco estacionado en el que se encontraba otra persona todavía no identificada por la investigación y luego acudieron a la sucursal de la financiera, donde se hallaban clientes y empleados.

Una vez dentro del comercio, los cómplices bajaron las persianas y colocaron en la puerta un cartel que decía “cerrado”, a la vez que exclamaron a los presentes “allanamiento, policía”, mientras golpeaban las puertas de acceso a los boxes donde estaban cinco trabajadores del lugar y un vigilador. Desconectaron las cámaras de seguridad y les impidieron el uso de los celulares.

La falsa orden de allanamiento fue atribuida a la “Sede Descentralizada N°2 de San Nicolás” que tenía impresa la firma digital de un funcionario judicial, al tiempo que el objetivo del “operativo” era incautar moneda nacional y extranjera, teléfonos, documentación y máquinas de contar billetes.

Sin embargo, el robo fue frustrado cuando efectivos de la comisaría de San Pedro se dirigieron a la financiera y determinaron que la orden judicial era apócrifa, por lo que demoraron a los delincuentes, y confiscaron el arma reglamentaria, una pistola marca Bersa modelo TPR9 calibre 9 milímetros número de serie 11-J72843, con inscripción PFA, que tenía su cargador y 18 municiones intactas.

Además, incautaron un juego de esposas; dos camperas y gorras de la PFA; y credencial identificatoria auténtica de More como agente federal; una computadora tipo notebook marca Haier color gris, fajas de clausura de la PFA; la orden de allanamiento falsa; y el Certificado de Cooperación de testigo de la PFA.

A través de un juicio abreviado, que fue reconocido por el juez de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dictaminó el veredicto condenatorio contra los involucrados por considerar al policía coautor de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, agravado por haber sido ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, en calidad de coautor.

El magistrado lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el plazo de 10 años, en tanto que el cómplice fue sentenciado por los mismos ilícitos, pero en concurso ideal por usurpación de título al haber utilizado públicamente insignias y distintivos de un cargo que no ejerce, este último delito en calidad de autor, y deberá pagar una multa de 10 mil pesos.