En ese lugar, tal denunció la CPM “en condiciones inhumanas se alojaban 5 mujeres aisladas, hacinadas, sufriendo requisas vejatorias. Una mujer embarazada con padecimiento mental estaba detenida por una causa menor desde hacía un mes, pese a la prohibición expresa para estos casos. Ella estaba aislada en una celda muy pequeña sin agua, debiendo utilizar un tarro para realizar sus necesidades fisiológicas y sin ninguna asistencia por su salud.

La prohibición de nuevos ingresos y la clausura de los calabozos fueron dispuestas especialmente por la situación de riesgo de vida en que se encuentran las detenidas, con un solo matafuegos vencido, sin plan de contingencia frente a siniestros. Se turnaban para dormir en tres colchones muy deteriorados, debían usar el baño sin puerta y a la vista de personal masculino, el aire era irrespirable y no les autorizaban ingresar un ventilador”.

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Las gravosas condiciones de detención constatadas por el Juzgado de Garantías 6 de Florencio Varela derivaron en una orden de traslado inmediato de las cinco mujeres alojadas en la Comisaría Quinta hacia otras dependencias habilitadas. Se trata de una resolución favorable respecto de un hábeas corpus de alcance colectivo y de efecto correctivo que presentó la CPM el 29 de noviembre, tras una jornada de monitoreo en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura.

En efecto, el organismo de derechos humanos había relevado condiciones materiales inhumanas y normas denigrantes de alojamiento para las mujeres detenidas: sólo había un colchón ignífugo y tres en total para las cinco personas alojadas en los calabozos, se detectaron filtraciones en los techos, y el personal policial no les proveía elementos de limpieza ni para la higiene personal.

Al momento de la inspección había cinco mujeres alojadas en la comisaría, cuatro de ellas en calabozo colectivo; la restante estaba en una celda de aislamiento transitando un embarazo y con notorios padecimientos de salud mental, sin acceso a agua corriente ni a un baño, debiendo realizar sus necesidades fisiológicas en un tarro. No recibía atención por su embarazo ni por su padecimiento mental.

Por otro lado, el calabozo colectivo no tenía puerta en el baño; eso impedía la privacidad de las mujeres que se agrava porque el personal de guardia de la comisaría es masculino. Como medidas de seguridad, sólo se detectó un matafuego en toda la dependencia y con la carga vencida desde comienzos de año.

El espacio por cada detenida estaba muy por debajo de los estándares establecidos por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y apenas ingresaba luz natural por una de las dos claraboyas del techo del calabozo.

De acuerdo a las entrevistas mantenidas por la CPM, las detenidas no tenían permiso para ingresar, a través de familiares, ventiladores o artefactos de calefacción en un ambiente sofocante; la luz artificial era encendida o apagada por el personal policial según criterios arbitrarios; y no se les garantizaba la provisión de comida ni la tenencia de teléfono celular para mantener la vinculación familiar.

Se relevaron otras afectaciones de derechos: aunque las detenidas podían salir a un patio interno, se trata de un espacio muy pequeño y con cuatro paredes, por lo que se constituye casi en una extensión del calabozo; las requisas eran vejatorias, tanto de la intimidad como sobre las pertenencias de las detenidas.

En su escrito al juzgado, la CPM había solicitado que se constaten en forma directa y personal las condiciones materiales de detención denunciadas, y que se mantengan entrevistas en confidencialidad con las mujeres allí alojadas a fin de ampliar los hechos, además de la necesidad de solicitar las pericias correspondientes.

Cuatro días después llegó, finalmente, la resolución favorable respecto al hábeas corpus, y el juez Agüero ordenó la prohibición de nuevos ingresos así como el traslado inmediato de las cinco mujeres detenidas en la Comisaría Quinta de Florencio Varela.